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Desregulación eléctrica: El Gobierno avanza con un fuerte tarifazo tras las elecciones
El Gobierno nacional oficializó una desregulación total del sistema eléctrico que elimina subsidios, dolariza costos y anticipa fuertes aumentos en las tarifas. La medida, que entrará en vigencia tras las elecciones, marca el regreso a un modelo similar al de los años ’90 y promete un duro impacto en los bolsillos de los hogares y las pymes.
A días de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional oficializó una profunda desregulación del sistema eléctrico que, lejos de aliviar la situación de los usuarios, anticipa un nuevo golpe al bolsillo. A través de la Resolución 400/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía aprobó las nuevas “Reglas para la Normalización del Mercado Eléctrico Mayorista”, que entrarán en vigencia el próximo 1° de noviembre, apenas una semana después de los comicios.
El nuevo esquema implica eliminar subsidios, dolarizar costos y trasladar los aumentos directamente a los usuarios residenciales y a las pequeñas y medianas empresas, en un contexto económico ya marcado por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde el Gobierno aseguran que la medida busca “modernizar” el sistema, hacerlo “más eficiente” y reducir el peso fiscal de los subsidios. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y los eufemismos oficiales, lo que se esconde es el regreso a una lógica de los años ’90, donde el mercado y las grandes generadoras privadas dictan los precios de la energía, y las familias deben pagar las consecuencias.
Uno de los puntos más cuestionados del nuevo marco normativo es la dolarización de los costos de generación y transporte, que volverá a indexar las tarifas según el valor del dólar oficial. Es decir, los usuarios pagarán energía con precios internacionales, mientras sus ingresos siguen depreciándose en moneda local.
Además, el Artículo 10 establece un “Servicio de Reserva de Confiabilidad” que remunerará a las plantas térmicas existentes con 1.000 dólares por megavatio-mes, y el Artículo 11 otorga 9.000 dólares mensuales por megavatio durante diez años a nuevas centrales. Todo esto en un país donde el salario promedio no supera los 400 dólares.
Las nuevas categorías de consumo habilitan que muchas pymes pasen a ser consideradas grandes usuarias, perdiendo así la protección tarifaria y quedando sujetas a precios de mercado. En el actual escenario de caída de la actividad industrial y aumento de costos, el impacto podría ser devastador para cientos de pequeños emprendimientos que sostienen el empleo local.
Para los hogares, la promesa oficial de una “transición gradual” es poco más que un consuelo. El propio texto de la norma admite que los costos dolarizados serán absorbidos por las distribuidoras, que inevitablemente los trasladarán a las facturas.
Mientras el discurso gubernamental habla de “competencia” y “eficiencia”, los especialistas advierten que se trata, en realidad, de un nuevo proceso de transferencia de recursos desde los usuarios hacia las empresas generadoras. La supuesta “autosuficiencia del sistema eléctrico” se construye sobre el ajuste del bolsillo ciudadano, que deberá afrontar aumentos considerables en un servicio básico y esencial.
De esta manera, el modelo energético que se avecina vuelve a poner el negocio por encima del derecho, y deja en evidencia que, detrás de la palabra “modernización”, se esconde un tarifazo anunciado.
El nuevo esquema implica eliminar subsidios, dolarizar costos y trasladar los aumentos directamente a los usuarios residenciales y a las pequeñas y medianas empresas, en un contexto económico ya marcado por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde el Gobierno aseguran que la medida busca “modernizar” el sistema, hacerlo “más eficiente” y reducir el peso fiscal de los subsidios. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y los eufemismos oficiales, lo que se esconde es el regreso a una lógica de los años ’90, donde el mercado y las grandes generadoras privadas dictan los precios de la energía, y las familias deben pagar las consecuencias.
Uno de los puntos más cuestionados del nuevo marco normativo es la dolarización de los costos de generación y transporte, que volverá a indexar las tarifas según el valor del dólar oficial. Es decir, los usuarios pagarán energía con precios internacionales, mientras sus ingresos siguen depreciándose en moneda local.
Además, el Artículo 10 establece un “Servicio de Reserva de Confiabilidad” que remunerará a las plantas térmicas existentes con 1.000 dólares por megavatio-mes, y el Artículo 11 otorga 9.000 dólares mensuales por megavatio durante diez años a nuevas centrales. Todo esto en un país donde el salario promedio no supera los 400 dólares.
Las nuevas categorías de consumo habilitan que muchas pymes pasen a ser consideradas grandes usuarias, perdiendo así la protección tarifaria y quedando sujetas a precios de mercado. En el actual escenario de caída de la actividad industrial y aumento de costos, el impacto podría ser devastador para cientos de pequeños emprendimientos que sostienen el empleo local.
Para los hogares, la promesa oficial de una “transición gradual” es poco más que un consuelo. El propio texto de la norma admite que los costos dolarizados serán absorbidos por las distribuidoras, que inevitablemente los trasladarán a las facturas.
Mientras el discurso gubernamental habla de “competencia” y “eficiencia”, los especialistas advierten que se trata, en realidad, de un nuevo proceso de transferencia de recursos desde los usuarios hacia las empresas generadoras. La supuesta “autosuficiencia del sistema eléctrico” se construye sobre el ajuste del bolsillo ciudadano, que deberá afrontar aumentos considerables en un servicio básico y esencial.
De esta manera, el modelo energético que se avecina vuelve a poner el negocio por encima del derecho, y deja en evidencia que, detrás de la palabra “modernización”, se esconde un tarifazo anunciado.
